En el primero de los casos, el denominado «Caso barragán», según han señalado desde el Ayuntamiento en un comunicado, el pago de 3,5 millones de euros al recaudador despedido hace tres décadas se realiza «tras una negociación entre las partes encabezada por el alcalde y la titular de Hacienda, Paula Moreno, lo que le ha permitido al Ayuntamiento ahorrarse un millón de euros de la cantidad establecida por el juzgado como pendiente».
A estos importes hay que sumarle que a principios de los años 90 el trabajador ya percibió en varios pagos del ayuntamiento 1,2 millones, han recordado, apuntando que en total recibirá 4,7 millones de euros, siete menos de los que solicitaba, «por rescindir la corporación municipal de entonces el contrato que les vinculaba incumpliendo una cláusula de preaviso de tres meses».
A pesar de que Medina, abogado de profesión, ha considerado que el proceso judicial, que se inició el pasado siglo, «está cargado de despropósitos que han dejado indefensos los intereses de los vecinos», ha querido lanzar un mensaje de «esperanza» para el futuro inmediato, al recordar que «con el carpetazo al caso Barragán, el Ayuntamiento liberará varios terrenos municipales que se encontraban embargados durante el proceso judicial y que permitirán la ejecución de proyectos emblemáticos para el término municipal».
«Entre estas parcelas están las previstas para hoteles y equipamiento del futuro puerto deportivo, un campo de golf o la permuta de una parcela con la Sociedad Azucarera Larios para ejecutar la histórica demanda vecinal de construir un tanatorio», ha señalado el alcalde, apuntando que son «iniciativas necesarias para el municipio».
La otra modificación presupuestaria que abordará el pleno permitirá el pago de más de 200.000 euros del principal excedido e intereses judiciales del proyecto de rehabilitación de la céntrica plaza de La Constitución.
Los trabajos, que se financiaron con recursos del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), pasarán de los 800.000 euros previstos inicialmente a más de un millón, «como consecuencia de diversos cambios efectuados durante la ejecución de los mismos».
La empresa concesionaria reclamó por estas modificaciones el pago adicional de 157.373 euros, lo que le fue concedido, además de intereses, en sentencia de 23 de mayo de 2016 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Málaga, han indicado desde el Consistorio.
Aunque el Ayuntamiento recurrió la decisión, por considerar que se trataban de mejoras «pactadas», no fue estimada en 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, entre otros motivos, «por el déficit de defensa que se había producido en el procedimiento inicial».
Han apuntado que así lo detalla un informe jurídico que será abordado en la sesión plenaria de este lunes y en el que se plantea como «inviable» la interposición de recurso de casación contra la sentencia del alto Tribunal andaluz. La propuesta planteada es que se proceda al pago de los más de 200.000 euros, cantidad con la que el proyecto de rehabilitación de la plaza de La Constitución del centro urbano de Torrox se elevará a más de un millón de euros.
La segunda teniente de alcalde y responsable de Hacienda, Paula Moreno ha asegurado que «son pufos que nos hemos encontrado de anteriores corporaciones pero que estamos en disposición de afrontar sin renunciar a planes de empleo, a ayudas a nuestro tejido empresarial para paliar la crisis del COVID y manteniendo un presupuesto inversor como el que aprobamos a principio de año, gracias al trabajo de rigor que venimos aplicando en el área económica».