El Gobierno modificará la legislación para obligar a los laboratorios que experimentan con animales a instalar sistemas de video-vigilancia en toda las estancias donde haya animales para evitar casos de maltrato animal como el denunciado el pasado viernes en el laboratorio Vivotecnia de Alcobendas (Madrid).
Este viernes, en rueda de prensa, el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha anunciado esta obligación se introducirá en forma de disposición adicional en el marco de la reforma de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que está planteando el Ministerio de Ciencia y que confía que la medida pueda ponerse en marcha «en pocos meses».
La citada disposición que propone el departamento de Derechos de los Animales establecerá que «con el objetivo de garantizar el bienestar de los animales de experimentación se deberá disponer de sistemas de video-vigilancia en todos aquellos laboratorios, centros de investigación y otros espacios en los que se realice experimentación con animales vivos, dicho sistema se desarrollará reglamentariamente».
García ha defendido que esta modificación permitirá desarrollar un reglamento para mejorar los estándares de bienestar y protección animal en el entorno de la experimentación con animales, implantar medidas disuasorias efectivas y fundamentales ante situaciones de posible maltrato animal, ya que la grabación de las imágenes se almacenará para que las autoridades puedan revisar posteriormente la situación de los animales y no solo en el momento en el que se efectúan las inspecciones.
Así, ha precisado que estas cámaras serán «obligatorias en todos los espacios donde haya animales» y permitirán que las inspecciones sean «más eficientes» y garanticen «el control sobre los usuarios y el respeto sobre la legislación vigente».
«Es una medida que ya se ha aprobado en los mataderos y que entendemos que es necesaria para que casos como este no se puedan volver vuelvan a repetir», ha justificado a pesar de que confía en que casos como el acontecido en el laboratorio Vivotecnia sean hechos «aislados».
Por otro lado, el director general ha añadido que el Gobierno estima «necesario» revisar los actuales criterios y protocolos sobre los mecanismos de supervisión ética en materia de experimentación animal para «garantizar lo que exige la ley 32/2007» para el cuidado de los animales y el Real Decreto 53/2013 por el que se establecen las normas básicas aplicables sobre animales de experimentación y con otros fines científicos.
García ha recordado que dicha normativa establece que se debe reducir al mínimo el número de animales de experimentación, que no se les debe causar dolor, angustia o daño duradero, que se debe evitar la duplicación inútil de procedimientos y que los animales criados o suministrados se les debe conceder el «trato adecuado».
A tal fin, el director general ha anunciado también que ha propuesto a los Ministerios de Universidades, de Ciencia e Innovación y de Agricultura, Pesca y Alimentación, la creación de una mesa de trabajo para revisar «todos» los procedimientos y la normativa con el fin de avanzar en los criterios que la norma ya marca y para buscar asimismo nuevas vías de trabajo alternativas a la experimentación con ejemplares y reducirla solo a lo estrictamente necesario.
Además, ha añadido que el próximo martes se votará en el Congreso la toma en consideración de la modificación del Código Civil para determinar que los animales dejen de ser cosas o bienes inmuebles y pasarán así a ser considerados seres sintientes. Se trata de una propuesta de la pasada legislatura que decayó por la disolución de las cámaras por los procesos electorales y que ahora se vuelve a plantear «mejorada».
Esta iniciativa permitirá diferenciar entre animales y cosas, ya que hasta ahora estos son considerados legalmente bienes inmuebles. Pasarán a ser seres sintientes en el Código Civil, lo que conllevará cambios en su tratamiento por ejemplo en incautaciones judiciales o incluso en un procedimiento de divorcio el juez podrá determinar la custodia y tutela del animal, no solo en base a quien ostente la titularidad del mismo, sino atendiendo al interés del ser sintiente. De este modo, se podrán otorgar custodias compartidas sobre los animales.
Respecto al caso concreto de la denuncia efectuada la semana pasada por la ONG Cruelty Animal sobre el laboratorio de experimentación animal Vivotecnia, el director general de derechos de los animales ha expuesto en la rueda de prensa que el viernes pasado el departamento se comunicó con la Comunidad de Madrid para ofrecerle el equipo técnico veterinario y la coordinación con centros homologados de protección animal para poner a salvo a los animales mientras se determinaban las acciones legales y administrativas contra el centro.
Sin embargo, tras la inspección el viernes y la paralización de la actividad decretada por la administración autonómica el pasado domingo tras detectar indicios de maltrato animal, García asegura que «a día de hoy» desconoce tanto el número de animales que están dentro de las instalaciones de Vivotecnia, ni su estado de salud, ni el plan de protección que la Comunidad de Madrid establecerá.
«La Comunidad de Madrid nos aseguró que a partir del lunes se procedería a establecer un mecanismo de valoración biosanitaria de los animales a los que se reubicaría en centros especializados para su especie», ha comentado García Torres, que recuerda que la competencia no es del Ministerio sino de la Comunidad de Madrid.
Aunque el director general opina que este es un «caso aislado» considera que se debe garantizar el cumplimiento de la normativa de bienestar animal para no permitir caer en la indiferencia ante el sufrimiento ajeno.
Por último, ha adelantado que su departamento quiere avanzar también en el marco de la mesa de trabajo ministerial que se creará en un cambio normativo que obligue asimismo a los productos a poner en su etiqueta si ha sido probado o no en animales, algo que hasta ahora solo especifican los productores que no experimentan con animales pero por iniciativa propia, ya que no es obligatorio hacerlo en el conjunto de la Unión Europea.